Una vez más los grupos de poder luchan por
conquistar o defender sus intereses. Ahora la disputa se da en el campo de la
justicia.
Por un lado el Gobierno Peronista que quiere
monopolizar el poder judicial con reformas que aumentan la injerencia del Poder
Ejecutivo de turno. Por el otro lado, la oposición que supo defender “el
corralito”, el congelamiento de salarios, las privatizaciones, entre otras, levanta
la bandera de la “familia judicial”, una casta que nació al amparo de los
diferentes Gobiernos, democráticos y militares.
Más allá de los discursos efectistas a los que
nos tiene acostumbrado la presidenta, lo concreto es que a la clase trabajadora
esta reforma, al menos no la beneficia y en cierta medida la perjudica. Decimos
esto porque, por ejemplo, la creación de nuevas Cámaras de Casación van a
prolongar aún más los reclamos laborales en perjuicio de los trabajadores y en
beneficio de los patrones. Los trabajadores jubilados van a ver como sus
reclamos se prologan más años. En definitiva esta reforma implica un obstáculo
más para la clase trabajadora.
Esta reforma, por otro lado, no modifica los
privilegios que tienen hace años los integrantes del poder judicial: beneficios
impositivos, sueldos superiores a la mayoría de los trabajadores, cargos
vitalicios, entre otros.
En cuanto a la elección del Consejo de la Magistratura, al
incluir una boleta con los integrantes a la misma, el Gobierno de turno, en
este caso el Peronista, se garantiza que al ganar la elección, los integrantes
de la magistratura puedan destituir a los jueces que no le son afines y nombrar
a jueces que respondan a sus intereses.
La justicia actual de “independiente” no tiene
nada. Claramente representa los intereses de la clase explotadora y lo seguirá
haciendo bajo este sistema.
Un cambio democrático sería la elección
popular de los jueces, la revocatoria de mandatos de los mismos. Pero esto sólo lo vamos a conseguir cambiando
el sistema, no reformándolo.
