FESTIVAL EN EL PUERTO   PARA QUE TERMINE LA SUPER EXPLOTACIoN DEL RECURSO Y LOS TRABAJADORES   En homenaje a Luis Diffel, al cumplir 50 años de filetero     SABADO 24 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 13 HS PLAZA ITALIA (12 DE OCTUBRE Y DON ORIONE)     Bandas de Rock y Folklore en vivo     Por trabajo digno Contra la precarización laboral y el trabajo en negro Contra las cooperativas truchas Jubilación digna para todos los obreros, en edad de ese beneficio Todo el pescado a tierra En defensa del recurso pesquero     ORGANIZA Y CONVOCA: COORDINADORA DE TRABAJADORES DE BASE     En caso de lluvia el festival se realizará el sábado 1/12

Sobre la reforma de la Ley de Accidentes del Trabajo

    El gobierno peronista impulsa en el Congreso una reforma a la Ley de Accidentes de Trabajo (nº 24.557) vigente desde 1995. Debe recordarse que esa norma fue sancionada en pleno avance de la burguesía sobre los derechos de los trabajadores en Argentina. La ley en cuestión creó un fenomenal negocio para las compañías de seguros, mayoritariamente d

e capital transnacional. Al comenzar la aplicación de la ley 24.557 fueron 44 las aseguradoras que se disputaron el mercado. Sin embargo, rápidamente se produjo un proceso de centralización del capital habiéndose reducido a 28 en 2001 y a 22 actualmente. De ellas Consolidar (del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentina) y Provincia (del Banco de la Provincia de Buenos Aires en asociación con capitales estadounidenses) recaudan casi el 25% de las cuotas; y si les sumamos a las siete siguientes en importancia (Asociart, Liberty, Prevención, La Caja, La Segunda, HIH Interamericana y Mapfre), acaparan el 88% del total del negocio. 

    En los últimos años hubo tibios intentos de recuperar parte de las conquistas perdidas a través de fallos judiciales que impugnaron los aspectos más escandalosos del negocio.

Podría pensarse que la reforma indicada vendría a convalidar las resoluciones judiciales pero en realidad, se trata del intento de introducir una de las medidas más antiobreras del gobierno "nacional y popular con inclusión social". 

    La reforma proyectada crea una opción excluyente para el trabajador. Este puede aceptar la indemnización tarifada que le ofrece la ART o, en caso contrario si pretende alcanzar una reparación integral del infortunio, debe iniciar un juicio en la justicia civil. Es decir que un reclamo que tiene su origen en una relación laboral, será dirimido en un ámbito donde los jueces resuelven intereses privados y en el que, por lo tanto, no rigen los principios bonapartistas del derecho (burgués) del trabajo. Asimismo, los litigios en jurisdicción civil no cuentan con el beneficio de pobreza que automáticamente se confiere a los asalariados para demandar a sus patrones en el fuero laboral. Además, los juicios en tal instancia suelen prolongarse en el tiempo mucho más que los laborales.

El principio de progresividad y la correlativa prohibición de regreso, en consonancia con los principios de indemnidad, de irrenunciabilidad y no discriminación, tornan jurídicamente inviable en la actualidad el establecimiento de un sistema legal de opción excluyente con renuncia. La opción excluyente, en la medida que procura garantizar la inmunidad del empleador antes que la indemnidad del trabajador, incurre en una “preferencia legal inválida”, contraria al art. 14 bis de la Constitución Nacional.

    La historia de las regulaciones de las leyes de accidentes laborales demuestra que cada vez que se invoca la reducción de costos o la supuesta “industria del juicio”, en realidad se termina trasladando los costes de los infortunios laborales desde el sector empresario al sector trabajador. La realidad indica que la llamada industria del juicio es una mera ficción, que desvía el eje de la responsabilidad patronal sobre la falta de prevención, y encubre la intención de precarizar la salud de los trabajadores con el objetivo último de aumentar la rentabilidad empresaria.

   A título ejemplificativo, en la provincia de Buenos Aires, con una cantidad de 15.620.084 habitantes, se registra una cantidad de 226.281 siniestros denunciados a la SRT (solo trabajo formal), a lo cual cabe sumar la cantidad estimada de siniestros con un 35% de trabajo informal, que arroja la cifra de 305.479. De ellos, la cantidad de juicios laborales iniciados según estadísticas de la SCBA del año 2010 es de 57307, con lo cual la proporción estimada de acciones por infortunios laborales asciende a un porcentaje de 17,25 % del total ingresadas, es decir, solo un 3,2% del total de los siniestros ocurridos. Ese escaso 3,2% de infortunios que llegan a juicio se distribuye así: un 80% aprox. son acciones sistémicas (un 2,55 % del total de siniestros); y un 20% aprox. son acciones por reparación integral (lo que representa 0,63 % del total de siniestros). 

    Por todo ello, la reforma en cuestión sólo representa la decisión gubernamental de garantizar la tasa de beneficio del negocio de los accidentes de trabajo, resultando paradójicamente beneficiarios de la misma, grupos económicos concentrados y extranjeros. 

   Resulta llamativo que ni la CGT ni los principales sindicatos hayan rechazado tal iniciativa. Sin embargo, la reforma introduce al negocio a las organizaciones sindicales convirtiéndolas en socias menores del capital monopólico dado que les permite crear asociaciones conjuntas. 

    Una vez más queda palmariamente demostrado el carácter de clase del Estado argentino y el rol de furgón de cola de la burocracia sindical, la que además de colaborar en el control social, no duda en traicionar a sus representados siempre que exista una comisión conveniente para ello.

    Los accidentes de trabajo son inherentes a la explotación capitalista por lo que seguirán su curso hasta que se instaure una sociedad organizada dirigida a satisfacer las necesidades de la misma y no la tasa de ganancia del capital. Mientras tanto, en cada lugar de trabajo son los propios trabajadores y los delegados consecuentes quienes deben controlar y exigir el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene enfrentando por igual a la patronal y a la burocracia sindical.

Que la crisis la paguen los capitalistas del puerto de Mar del Plata

El puerto de Mar del Plata lleva más de 30 días paralizado por un reclamo salarial que están llevando adelante los pescadores agremiados al SIMAPE, cuyo secretario general es el peronista Juan Domingo Novero quien responde al gobernador Scioli.
En el marco de las disputas por arriba al interior de la burocracia sindical, el SOMU, conducido por el cristinista Omar  “Caballo” Suárez, había firmado un aumento salarial del 22% en dos veces, dejando afuera del acuerdo al SIMAPE, con el que se disputa la representación de los pescadores, que reclamaba un 30% de aumento. Luego de más de 45 días de conflicto, el SIMAPE, en acuerdo con las empresas y Pulti, pretenden firmar un acuerdo similar al del SOMU, pero vienen siendo marginados por el Vicegobernador Mariotto y el Ministro de Agricultura y Pesca de la Nación Norberto Yaguar.
Estas disputas interburocráticas nada tienen que ver con la realidad que sufren los trabajadores del Puerto que, mientras los empresarios hablan de “crisis” y se guardan el pescado, están siendo atacados con suspensiones, despidos y pagos desdoblados de los salarios. Además, los empresarios empresarios alargan toda solución, mientras piden la ilegalidad de la medida de fuerza y mano dura contra los huelguistas del Simape.
Acusan a las huelgas de extorsivas, pero son ellos, los empresarios, los extorsionadores que ponen como condición el pago de los aumentos en cuotas para desvalorizar los salarios con el 30% de inflación anual.
Son los patrones los que lucran con el cepo y techo a las paritarias, mientras negrean las condiciones de trabajo y evaden el pago de las jubilaciones.
Mientras la CGT regional realizó una movilización simbólica el viernes 22 de junio, es necesario unir por abajo los reclamos de todos los trabajadores del puerto, en una coordinadora del sector exigiendo el siguiente programa de mínima:
1) Reapertura de las paritarias con paritarios electos en asambleas;
2) Salario igual a la canasta familiar, con indexación mensual conforme el aumento del índice de precios al consumidor;
3) Fin del trabajo en negro en las cooperativas truchas y  blanqueo bajo el convenio 161 de 1975.
4) Reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores sin afectar el salario.
5) Pago de la garantía horaria.
6) Subsidio de emergencia para todos los trabajadores de la pesca y de la industria del pescado de $ 2000,00.
¡Que la crisis la paguen los capitalistas del Puerto de Mar del Plata!
                                                                                                           Capitanes de Pesca Autoconvocados

ACERCA DE LA CRISIS CAPITALISTA EN ARGENTINA

En Argentina avanza la crisis capitalista. Por un lado, se verifica una caída de las exportaciones a Brasil, país que sufre su propio descenso de la actividad económica y ha devaluado su moneda para hacer más competitiva su industria. Por el otro, el gobierno mantiene en pie una suerte de corralito cambiario dirigido a hacerse de los dólares que necesita para pagar los servicios de la deuda externa y la importación de energía. Lo cierto es que la desaparición del mercado oficial de cambios ha provocado que el único precio del dólar estadounidense en nuestro país sea de $ 6,00 lo que ha contribuido a acelerar el proceso inflacionario que registra ya 5 años de vigencia. En la carestía de la vida también están involucradas las cadenas formadoras de precios, de capital transnacional, que además de fijar de manera unilateral los precios, los aumentan periódicamente. Pero además los monopolios giran las utilidades a sus casas matrices a fines de insuflarles oxígeno, resultando los principales responsables de la declamada, pero no precisada, fuga de divisas. Esto demuestra que las ganancias del gran capital no son reinvertidas para ampliar la matriz productiva.

En el aludido marco la burguesía pretende descargar la crisis sobre el salario y las condiciones de trabajo de los asalariados. En ese sentido avanzan las suspensiones como en el caso de Reanult (en Córdoba) donde se vieron afectados 2000 trabajadores; por otro lado recorta las horas suplementarias mientras empieza a registrarse un cuadro de despidos por goteo. El gobierno peronista aprovecha cualquier aparición pública para mostrar las consecuencias de la crisis en Europa y así bajar las expectativas de los trabajadores y moderar sus reclamos. Al mismo tiempo no deja de demonizar las acciones de lucha, en particular, los piquetes y la huelga.

El gobierno de Entre Ríos viene pagando los sueldos desdoblados, el de Santa Cruz dice que no tiene fondos para pagarlos y Scioli amenaza con desdoblar el pago a estatales y docentes mientras afirma que no puede pagar el aguinaldo.

Los trabajadores privados registrados han alcanzado acuerdos salariales que promedian un 23% de aumento, en la mayor parte de los casos, de pago por etapas y muy por debajo de la inflación proyectada. Asimismo, a partir de $ 5200,00 no se abonan las asignaciones familiares y 1.800.000 trabajadores pagan el impuesto a las ganancias. Por su parte los trabajadores tercerizados o en negro perciben un salario equivalente a un tercio de los registrados.

La burocracia sindical sigue su interna. Mientras unos arman una CGT subordinada a Cristina, otros encabezados por Moyano, se enfrentan al gobierno (y buscan algún otro político patronal para apoyar), pero no pasan de los discursos donde hablan “de los derechos de los trabajadores”, pero sin hacer ninguna acción contundente, ninguna medida seria para defender esos derechos y en primer lugar el salario. Por su parte, la CTA de Micheli convoca a un paro con movilización para este viernes 8 de Junio que no preparó seriamente, mientras coquetea con la oposición patronal del “socialista” sojero Binner. Pero su gobernador en Santa Fe, Bonfatti, se dispone a descontar al día a los docentes que van al paro.

En realidad el interés del grueso de la burocracia sindical es mantener sus infames privilegios bajo el ala de algún proyecto político patronal.

Debemos exigir la reapertura de todas las paritarias, que se discuta libremente, sin ningún techo y que los acuerdos que se efectivicen incluyan una cláusula de indexación inmediata de acuerdo a la inflación real. El punto de partida debe ser un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar ($6.000). Hay que reclamar que no haya ningún tope para recibir las asignaciones familiares, que se les paguen a todos los trabajadores. Eliminar el impuesto a las ganancias de la 4º categoría, es decir, el aplicado al salario obrero.

Para fortalecernos en esta pelea hay que terminar con las divisiones entre efectivos, contratados y precarios, luchando por el pase a planta de los contratados y por acabar con el trabajo en negro.

Mientras el gobierno quiere hacerse de caja y dólares para pagar deuda, las patronales agrarias no quieren entregar ni la miseria de impuestos que les cobran. Y sin embargo, todos exigen a los trabajadores que sean “moderados”. La crisis del modelo la deben pagar los que fueron altamente beneficiados durante estos años de crecimiento: las grandes empresas, la patronal sojera, los bancos y toda la clase capitalista.

MODELO ECONOMICO E YPF

Como se advirtiera desde el triunfo electoral de Octubre de 2011, las primeras respuestas ante la crisis internacional de la presidenta reelecta han sido a la derecha.

Subyace en el aludido giro las dificultades de caja que el modelo económico "con inclusión social" viene soportando en los últimos meses. En ese sentido debe recordarse que según  la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el mes de marzo de 2012 se produjo una caída en las ventas minoristas del 20% respecto al mes de marzo de 2011. Paralelamente, medidos los referidos períodos, se produjo una caída en la venta de autos del 4% en el mercado interno y del 25,5% a Brasil; respecto a este país, toda la industria está sufriendo el parate de esa economía que creció en 2011 sólo el 0,3% en relación a 2010. Asimismo, la actividad de la construcción registró en febrero de 2012 su primera caída luego de 27 meses consecutivos de crecimiento.

Es por eso que importantes sectores industriales como el textil y el metalúrgico están aplicando de manera creciente suspensiones y despidos.

Con relación a las cuentas públicas acumulan en los primeros tres meses de 2012 un déficit de $ 5112 millones, muy por encima del déficit trimestral de 2011 que había sido de $ 348 millones. Así, en la comparación interanual, el deterioro fiscal aumentó en $ 4764 millones. El rubro más importante que explica el déficit es el pago de los intereses de la deuda externa que en el aludido trimestre sumaron $ 7282 millones.      

En ese marco la expropiación parcial de YPF resuelta por el Gobierno es una medida dispuesta en un cuadro de desaceleración de la actividad económica y creciente déficit fiscal. La huelga de inversiones de la empresa, consentida tanto por el gobierno nacional como los provinciales, obligó a importar combustibles por más de 12.000 millones de dólares. Tal cuadro de situación obligó al Gobierno a esta expropiación parcial, buscando con la caja de YPF financiar, al menos parcialmente, esa cifra gigantesca.

La expropiación en cuestión no es una nacionalización como la propia presidenta se encargó de explicitar. La firma sigue siendo una sociedad anónima y sólo se quita la concesión a Repsol para ofrecer en licitaciones los pozos para ser explotados por otras empresas transnacionales. En ese contexto el gobierno ya ha mantenido reuniones con la Exxon y la Chevron, entre otros monopolios del petróleo, lo que explica la prácticamente nula condena del imperialismo norteamericano a la medida del gobierno.

Que la medida gubernamental no es consecuentemente antiimperialista lo demuestra el hecho de que el proyecto del Gobierno no afecta al resto de los monopolios petroleros instalados en el país. La expropiación onerosa se limita al 51% de las acciones que poseía Repsol en YPF, una empresa que maneja sólo el 34% del negocio petrolero.

Hay que prepararse para esta nueva etapa ante la dinámica de la crisis del capitalismo y las consecuencias del giro cristinista, fortaleciendo las posiciones clasistas en el movimiento obrero, promoviendo nuevos delegados de base al frente de las comisiones internas contra la burocracia sindical y organizando políticamente a la clase obrera y los sectores populares.

Desde un punto vista estratégico sólo el socialismo pondrá los medios de producción en manos de los trabajadores quienes los gestionarán y controlarán en función de un plan que atienda las necesidades de la sociedad. 

Fin de Fiesta

El romance de las masas con el gobierno K entra en receso, tal vez, en la faz inicial de la ineluctable ruptura. La Cristina "nacional y popular", que fervorosamente proclama un ejército de aduladores a sueldo en los medios oficiales y oficialistas, cede paso a la Cristina del ajuste y la represión.

Ya se sabe, de acuerdo con los manuales de la política burguesa, que recién ganadas las elecciones (más aún con tan abultado margen) deben tomarse las medidas más antipopulares inmediatamente, sin dilaciones. Así lo ha hecho la presidenta aunque sus rufianes repitan a coro "vamos a profundizar el modelo".

En El Asalariado hemos intentado, repetidas veces, dejar en claro que los "modelos" del capitalismo responden siempre a necesidades objetivas de la clase dominante y por lo tanto, son, efectivamente , distintos e implementados en salvaguarda del propio sistema capitalista. Dicho groseramente: cuando se puede, sidra y pan dulce, cuando no, hambre y palos; lo importante es que el negocio no se detenga , y que los trabajadores -en el mundo entero- sigan aportando plusvalía a la clase capitalista.

Así se producen "rarezas " tales como que -ya en la cumbre del poder- un keynesiano se vuelva liberal o viceversa. Como decía hace unas décadas atrás un dirigente chino, ex comunista y, a la sazón, en apurado tránsito al capitalismo: "no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones".

Ahora la presidenta y su corte mantendrán a rajatablas e incluso profundizarán su discurso, que en rigor de verdad, siempre fue falso pero estruendoso, rutilante, y sobre todo difundido hasta el hartazgo. El promovido modelo "nacional y popular" cautivó a los progres nacionalistas que tragaron el anzuelo; inútil resultó probar que la producción del país se extranjerizó como nunca; que los monopolios remitieron ganancias extraordinarias; que el FMI no ha cesado de controlar la economía; que los parámetros de crecimiento son siempre en relación a los años 2001-2002 (cuando peor no se podía estar); que los K han sido los más devotos pagadores de la fraudulenta deuda externa (¡vaya nacionalismo regalarle a los capitalistas del mundo la plata del pueblo!; que el 25 % de la población en la actualidad sea pobre (¡claro que en relación al 57% de octubre de 2002 es una cifra exitosa!) a pesar del aumento de los planes sociales y la dádiva de la asignación universal; jamás se reconocerá, pese al manejo autoritario que se ejerce sobre las provincias, la responsabilidad sobre los muertos por represión (16) en los últimos años,por el contrario se deslindan responsabilidades y se guarda silencio.

Sin duda la facción de la burguesía en el poder, representada ayer por "Néstor" y sus amigos y hoy por "Cristina", Boudou y sus secuaces, han actuado con gran habilidad; los recursos del Estado, siguiendo las viejas enseñanzas del Imperio Romano, se emplean en el conocido "pan y circo": festivales,fútbol, turismo carretera para todos, muchos feriados, fines de semana largos, gran publicidad de las obras del gobierno (Argentina en Noticias, un país de ensueño: crecimiento,trabajo, soberanía,¡felicidad!). En suma han sido expertos "vendedores de humo", según la frase en boga.

Sin embargo, aunque siga la música a todo volumen, la fiesta languidece, el capitalismo en el mundo afronta una grave crisis; si antes las potencias económicas conservaban su integridad descargando sus problemas en el mundo subdesarrollado,hoy no pueden evitar que las contradicciones del sistema se instalen brutalmente en el seno de ellas mismas con su secuela de desocupación,miseria, luchas , represión y una retracción general de sus economías. Brasil, nuestro socio mayor, ve con pánico estancarse su producción industrial,las bravatas "K" sobre el presunto blindaje ya no se escuchan. La situación cambió; el modelo nacional y popular también. La clase va a ser golpeada con mayor dureza y deberá enfrentar peores condiciones, las amenazas presidenciales y acciones concretas como la sanción de la Ley Antiterrorista preanuncian severas restricciones al derecho de huelga. En tanto los tarifazos, el recorte abrupto del gasto público y la inflación han devastado el bolsillo de los trabajadores, los cuales ya se están lanzando a la lucha. La burocracia sindical, con su olfato de supervivencia, lanza gritos de guerra. A propósito: no podemos menos que saludar la defensa que los Moyano están realizando de los trabajadores despedidos en el sur por la contratista de Camuzzi, pero sabemos que este "brote combativo" tiene más que ver con la interna que el jefe de la CGT (con los días contados como tal) sostiene con el gobierno que con un auténtico interés clasista.

Se inicia un nuevo momento,se abren paritarias una herramienta conquistada no para terminar con la explotación, sino apenas para atenuarla. Sin embargo en el proceso quedarán al desnudo los límites de la burocracia así como el carácter explotador de la patronal y el Estado capitalista. Los trabajadores debemos insistir en el combate por la recuperación de los sindicatos, hoy en manos de conciliadores,o por la creación de nuevos agrupamientos democráticos y clasistas,según surja del análisis de cada situación concreta. Pero siempre recordando las enseñanzas de los grandes jefes de la clase obrera Marx y Engels: luchar por los intereses inmediatos de la clase pero al mismo tiempo por su porvenir.

A VELAR LAS ARMAS

La burguesía en la Argentina se alista para aplicarle a los trabajadores un duro golpe, según el anuncio de la presidenta en la Conferencia de la Unión Industrial Argentina.
Por un lado, se empezó a alejar de Hugo Moyano y la cúpula de la CGT que fueron un sostén determinante de la gobernabilidad del “modelo” durante ocho años. Por otro, se lanzó un recorte del gasto público con la eliminación de subsidios, política con que el gobierno vino sosteniendo la baja inversión de la clase empresaria y, a la vez, conteniendo el precio de las tarifas de los transportes y los servicios públicos que pagan millones. Ambas decisiones significan la preparación del capital para un ataque al salario de la clase trabajadora, por vía directa o indirecta.
Se sinceró el ministro De Vido: “El recorte en los subsidios de luz, gas y agua es una señal a los mercados”. El aumento de tarifas, así como los que vienen en el transporte, se hace sobre la base de hacer pagar a la población la continuidad de las privatizaciones de los servicios públicos y las ganancias de los grupos empresarios privatizadores. Ahora, dice CFK, con menos subsidios del Estado los empresarios deberán invertir más. Ahora bien, del ránking de las 10 empresas que más ganaron en el 2011 tenemos en primer lugar a Alpargatas del grupo brasileño Camargo Correa que, sin embargo, lejos de reinvertir, es una empresa de avanzada en las suspensiones de obreros en la industria textil. Los que invierten parcialmente -algunas filiales de multinacionales automotrices que necesitan producir aquí para el Mercosur- lo hacen a costa de ajustar los planes de aumento salariales como muestra el pre-acuerdo a la baja entre Volkswagen de Córdoba y la directiva del SMATA. Nuevo signo de los tiempos, en la conferencia de la UIA en el Hilton, no sólo estaban los industriales sino también los principales popes de la Mesa de Enlace del "campo", como Hugo Biolcatti.
Hasta ahora, a Moyano le dieron un tratamiento preferencial para contener los aumentos salariales por debajo de la inflación y, al mismo tiempo, mantener la herencia de los ‘90 que se preservó bajo la alianza de los K y la CGT, como el empleo en negro, precarizado y tercerizado de más de la mitad de la clase trabajadora, cuyas condiciones de explotación quedaron por fuera de toda discusión en las negociaciones paritarias en años de enorme crecimiento económico y superganancias empresarias. Ahora, la impugnación que hizo la presidenta al proyecto de Ley del diputado Recalde de la CGT de “participación en las ganancias” para los trabajadores en blanco, fue acompañada de la contrapropuesta oficial de que eso se haga, en todo caso, no por la ley ni la fuerza del Estado, sino en las paritarias que se cocinan con topes salariales. Es decir, que el lema pos electoral de “producir más” significa atar los aumentos de salarios que vayan más allá de las pautas dictadas por el poder Ejecutivo, a la productividad capitalista ya que, como dijo Cristina, de esa manera “los trabajadores se ponen la camiseta de la empresa”. A sabiendas de que ahora el proyecto está liquidado con la nueva mayoría K en las cámaras, Moyano redobló la apuesta con una frase antigubernamental: “La justicia social es un trabajo digno, un salario digno y una vivienda digna. Y todavía no la hay”. ¿Se prepara Moyano para iniciar un camino hacia la confrontación más abierta con el gobierno? “No pondremos palos en la rueda” se encargó de aclarar. No hay ruptura declarada, ni se puede depositar ninguna confianza en ello, pero se han abierto brechas entre el gobierno y la CGT que las comisiones internas antiburocráticas del sindicalismo de base necesitan aprovechar. Sin ninguna ilusión y concientes que la burocracia sindical, aunque el gobierno le esté pisando la cabeza, va a preferir la subordinación a los capitalistas y liquidar las tendencias clasistas del movimiento obrero, hay que impulsar resueltamente el frente único obrero para defender las demandas de los trabajadores y acelerar su experiencia política con el gobierno, empezando por exigir en el ámbito de los sindicatos acciones concretas de oposición a todo aumento de tarifas y topes al salario que se quiera imponer en las paritarias.
El discurso de CFK que la emprendió tanto contra la desprestigiada dirección de la CGT como contra los desprestigiados gremios aeronáuticos encubren el intento de debilitar todas las acciones de protesta que se acrecentarán ante el giro cristinista de mayor compenetración con los intereses empresarios y el fin de las concesiones a la clase trabajadora. La persecución y represión a los luchadores aumentará, como lo demuestra la amenaza gubernamental de retirarle la personería gremial a los controladores aéreos. En la misma dirección, en este conflicto se sancionó el decreto 1840/2011 que pone a los mismos bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea, dándole a ésta la posibilidad de poner a los trabajadores en comisión, es decir, privarlos de su estabilidad en el empleo. La presidenta le ha mandado un mensaje a todos los trabajadores del país: quienes luchen por sus derechos y hagan huelga serán enfrentados por el gobierno.
Las primeras respuestas ante la crisis internacional de la presidenta reelecta han sido a la derecha, y esto será procesado por los trabajadores que con su voto depositaron su confianza en el gobierno pero no dieron un cheque en blanco. Hay que prepararse para esta nueva etapa ante la dinámica de la crisis del capitalismo y las consecuencias del giro cristinista, fortaleciendo las posiciones clasistas en el movimiento obrero, promoviendo nuevos delegados de base al frente de las comisiones internas contra la burocracia sindical.
Frente a los ataques de la burguesía, la clase obrera deberá velar las armas en la perspectiva de construir, ante esta crisis histórica del capitalismo que está en curso, una palanca para la solución histórica del trabajo asalariado: un partido de la revolución socialista