miércoles, 30 de enero de 2013

AUMENTO DE BOLETO DE COLECTIVO EN MAR DEL PLATA

Mar del Plata: el boleto de colectivo urbano aumentó un 28% llegando a $ 3,23.
En 2012 aumentó un 20% y el empresariado local del sector recibió subsidios por 140 millones de pesos.
2013: aumentó un 28% y el Estado tiene proyectado otorgarles a los empresarios de colectivos 170 millones de pesos en concepto de subsidios.
Según la Municipalidad de General Pueyrredón durante 2012 se vendieron 85 millones de boletos.
Está claro quienes ganan y quienes pierden: de un lado el Estado Nacional, Provincial y Municipal, los empresarios colectiveros y la burocracia de la UTA, los claros ganadores, socios de un negocios que no tiene riesgos de pérdida ya que el Estado garantiza las ganancias mediante subsidios. Del otro lado, los trabajadores de Mar del Plata que siguen perdiendo el valor real de su salario.
Debemos aprender de ellos, hoy en el Concejo Deliberante, los empresarios y la burocracia sindical, con el visto bueno del Estado Municipal llenaron el recinto donde se discutía el aumento, mientras unos pocos militantes que se oponían al aumento se manifestaban en la calle. La única manera de revertir esta situación es con organización, lucha y movilización.

jueves, 10 de enero de 2013

Balance 2012


Hacia comienzos del año que acaba de finalizar, conforme al análisis de la tendencia general del capitalismo, en profunda crisis éste, avizorábamos una intensificación de la lucha de clases a nivel global, manifestándose, particularmente en nuestro país, a través del empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo trabajador y del ascenso de sus luchas. Al tiempo que las mismas aumentaban, se instalaba y consolidaba una creciente actividad represiva por parte del Estado. Tal como habíamos previsto en El Asalariado, de la mano del cambio en la coyuntura económica, la política del gobierno kirchnerista pareció dar un vuelco hacia la derecha, cuando en realidad no hizo más que dejar al desnudo -por si alguna duda cabía- la mendacidad de su discurso popular. En efecto, como planteáramos en el El Asalariado la Cristina "nacional y popular" cedió paso a la Cristina del ajuste y la represión.
Bajo un escenario caracterizado por una clara desaceleración de los motores impulsores de la economía en la última década (relativa disminución del consumo, paralización de la actividad industrial, bajas en la construcción, caídas de las exportaciones -principalmente hacia el mercado brasilero-, entre otros[1]) lo que redundó en una caída de la tasa de ganancia de los capitalistas, estos últimos han intensificado sus medidas de ajuste y control en desmedro de la clase trabajadora, la cual se ha manifestado -aún careciendo de una dirección clasista que represente sus intereses- en una serie de protestas de distinto tipo pero de neto corte defensivo. Así las cosas, en cuanto a la conflictividad social, el 2012 fue un año récord en el ciclo del modelo de capitalismo identificado con el "kirchnerismo" (autodenominado "de capitalismo nacional", aunque considerando la extranjerización de la economía, los ajustes, la devaluación, el pago de la deuda externa y otros indicadores, tiene muchos puntos de contacto con el modelo neoliberal). En cifras, este período presentó, respecto al 2011, un aumento del 52% de las protestas callejeras (4.897 cortes frente a los 3.214 del año anterior[2]); Noviembre se posicionó como el mes más conflictivo del año y la Provincia de Buenos Aires, como eje geográfico de las luchas (aunque Santa Cruz y la Patagonia en general, fueron escenario de sucesivos conflictos en la administración pública y el sector petrolífero); el sector de los trabajadores estatales protagonizaron la mayor parte de las mismas. Una tendencia importante de destacar refiere al impulso de las luchas mencionadas, motorizadas no tanto por sus centrales (CGT y sindicatos de cobertura nacional) sino por sus unidades básicas (seccionales locales o unidades de base).
Presentamos a continuación, un breve repaso de lo acontecido durante el 2012, reparando en aquellos hechos que nos permiten dar cuenta de la creciente intensificación de la lucha de clases en nuestro país, tanto de la naturaleza de clase del Estado burgués argentino como de los claro-oscuro de las luchas populares, con el objetivo de aportar nuestra modesta visión de clase a las situaciones de conflicto venideras.

Diciembre de 2011. El día 27, entre los festejos de fin de año, se aprobaba la "Ley Antiterrorista" (que, como se ha denunciado, apunta a controlar y reprimir la protesta social) "estrenándose" los primeros días del nuevo año en la represión y detención de ambientalistas en Catamarca.
Por otra parte, en contraste a la propaganda oficial de AEN ("cultura y ciencia para todos"), mientras el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva presentaba y ensalzaba el nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015, cientos de científicos agrupados en organizaciones sindicales y políticas se movilizaban a propósito de las políticas de recorte, ajuste, expulsión de investigadores del sistema y persecución político-ideológica iniciada, en particular, en el CONICET.
Enero y febrero 2012. Represión a trabajadores camioneros en Santa Cruz, con el saldo de numerosos heridos.
Represión y detención de manifestantes (pobladores, activistas ambientalistas y militantes) en Catamarca y Tucumán; Andalagá fue virtualmente cercada por grupos de choque pro-minería. También en Chilecito y Famatina, La Rioja, la gente que participaba de las manifestaciones contra las mineras fue agredida por la policía con bastones y balas de goma, con un saldo de 20 heridos.
Enero culminaba con los aumentazos típicos de la época estival. A su vez, falazmente fundados en el cambio en la política de subsidios para el transporte, se producían aumentos en la tarifa del subte en Capital Federal.
En Mar del Plata, militantes se manifestaban contra el aumento del boleto del transporte público eran reprimidos.
El día 21 de febrero se producía la tragedia ferroviaria en Once, dejando un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, conmocionando a la sociedad e instalando en los medios el debate acerca de la relación Estado-subsidios-empresas.
Por estos días se daba a conocer el "Proyecto X", parte de la estructura de inteligencia del Estado, instrumento para el espionaje directo de trabajadores, estudiantes, intelectuales, etcétera.
Marzo. En la Provincia de Buenos Aires, trabajadores de las granjas avícolas de la empresa Nuestra Huella S.A. tomaron cuatro de ellas por el término de dos semanas en reclamo por el pago de sus haberes y mejora en las condiciones de trabajo. Hacia el año 2008, la empresa fue apenas multada por trabajo infantil, denunciada por trata de personas, trabajo esclavo y contaminación ncon agrotóxicos. En la actualidad, la empresa continúa incrementando sus ganancias en base a las aberraciones denunciadas. Los trabajadores implicados fueron agredidos y amenazados en numerosas ocasiones por cuadrillas que responden a los propietarios de la firma y una patota sindical de la UATRE.
Mayo. Es anunciada oficialmente, con bombos y platillos, la "expropiación de YPF", expropiación parcial correspondiente al paquete accionario de Repsol. La paradójica "estatización" culmina con la firma de un acuerdo de exclusividad con la norteamericana Chevron en Diciembre).
El vicepresidente A. Boudou es imputado por enriquecimiento ilícito en su gestión como ministro de economía.
Junio. Se tensan las relaciones Moyano-Gobierno
Mar del Plata: se inicia la paralización del puerto.
Julio. Repudio a las medidas de ajuste de Scioli en la Provincia de Buenos Aires (entre otras, el desdoblamiento de aguinaldo) Paro y movilización del Frente Gremial Docente y ATE.
Avanza la medida del cepo al dolar para la compra de viviendas a crédito.
Agosto. Cesantía de docentes en la UBA. El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires dejó cesantes a 152 docentes y confirmó a otros 500 sólo hasta Diciembre.
El INDEC afirma que se come por $6 diarios.
Septiembre. Reforma Ley Accidentes del Trabajo.
Inicio de tomas de escuelas secundarias por estudiantes porteños al rechazar una reforma curricular promovida desde el gobierno porteño con el objetivo de adecuar los contenidos a los lineamientos generales emitidos por el Consejo Federal de Educación en el año 2009. Los colegios tomados ascendieron a un total de 40. Culminan poco más de un mes más tarde.
"13-S": primer cacerolazo de autoconvocados en las grandes ciudades del país.
Octubre. Paro y movilización nacional en Argentina convocada por la CTA (10/11)
Paro de las fuerzas represivas del Estado (gendarmes y prefectos) tras la firma de un decreto que preveía recortes salariales del 30 hasta el 60%. Se plantea la creación de un sindicato de policias (UTRAPOL en Santa Fe)
Noviembre. "8-N": segunda manifestación autoconvocada en las grandes ciudades del país, sin dirección orgánica y composición más popular que la primera.
Represión en Rawson en marcha contra la megaminería.
"20-N": Paro nacional CTA y CGT de enorme adhesión.
Diciembre: se suceden los aumentos de impuestos y productos básicos (alimentos, tasas municipales, luz, gas, combustibles, peajes, etcétera)
Ola de saqueos en más de 40 ciudades del país, con foco en el Conurano bonaerense, Santa Fe y Bariloche.
Continuan matando a miembros de la comunidad Qom en Formosa.

Este sucinto recorrido por los acontecimientos más importantes del 2012 no puede dejar de reconocer la lucha de los trabajadores del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, quienes, nucleados en la AGTSyP, sostuvieron su lucha con medidas de fuerza de distinto tipo (liberación de molinetes y paros parciales y totales) durante todo el año. Aún tras el lamentable alineamiento de la comisión directiva con el oficialismo, conservamos la esperanza en la reacción de las bases de este gremio clasista y sus delegados honestos.

La magnitud y diversidad de las luchas concretadas por el pueblo, aún de manera fraccionaria y sin una dirección que represente sus verdaderos intereses, dan cuenta que el potencial revolucionario de la clase trabajadora sigue vigente. Es necesario seguir luchando por la unidad de los trabajadores, por la conquista de las organizaciones que están en manos de la burocracia, sin perder el objetivo de la construcción de una herramienta que le permita a la clase disputarle el poder político a la burquesía.


[1] Al respecto, ver: "La desaceleración de la economía", por Rolando Astarita. Web-site: http://rolandoastarita.wordpress.com/2012/07/14/la-desaceleracion-de-la-economia-en-argentina/#more-3199. Fecha de consulta: 02/01/13.
[2] Datos extraídos del Diario Perfil del 22 de Diciembre de 2012. Pág./18. Conforme a las cifras ofrecidas por la consultora Diagnóstico Político (relevamiento sobre más de 180 medios periodísticos nacionales y provinciales).

miércoles, 26 de diciembre de 2012

SAQUEOS 2012

Muchos se preguntan si la Argentina cambió en estos últimos 30 años. Nosotros consideramos que sí, que el país ha cambiado. En estos últimos 30 años se ha profundizado la pobreza, consolidándose a partir del 2002 una pobreza estructural: existen familias con tercera generación de excluidos, de desclasados. Se ha constituido un núcleo duro de la pobreza conformado precisamente con estos grupos: excluidos del trabajo,  de la educación, de la salud, de cualquier tipo de bienestar.

La tasa de inflación y el ajuste en curso agravan la situación de los trabajadores y los sectores populares. Diciembre nos recibió con aumentos en los impuestos (tasa municipal, peajes, luz, gas) y en los productos básicos; con contingencias climáticas como las inundaciones, las que pusieron en relieve la situación paupérrima en la que viven miles de personas y la desidia de los gobiernos de turno. 

Por todo esto hay condiciones para que sucedan los hechos vividos el 20 y 21 de diciembre. La pobreza estructural se ha consolidado y las medidas del gobierno la alimentan.

El modelo pretendidamente “nacional y popular con inclusión social” se agota. Pasados  10 años de crecimiento de la economía, con un crecimiento extraordinario en las ganancias de los capitalistas, persisten 40% de los trabajadores en “negro” y casi 2 millones de personas no acceden a un empleo. Sólo en la provincia de Buenos Aires 400.000 jóvenes entre 15 y 30 años no estudian ni trabajan. A esta situación se suma que en el sector formal del trabajo, en los últimos meses, la construcción expulsó a 40 mil trabajadores, sumando 75 mil los empleos perdidos en 2012 en el sector privado. Esta tendencia sólo se amortiguó con el crecimiento del empleo público. Por otro lado, la masa entera de trabajadores pide un aumento de sueldo para poder sobrevivir , mientras ve las ganancias excepcionales de los patrones.

En definitiva, la respuesta a el por qué de los hechos ocurridos en estos días se encuentra en el mismo sistema:  EL CAPITALISMO. Es el sistema el que excluye cada vez a más trabajadores. Es este sistema y sus diferentes modelos el que empuja a la sociedad a la marginalidad.

Los trabajadores debemos seguir esforzándonos en construir una herramienta que defienda verdaderamente los intereses de la clase y donde los desposeídos, los desclasados, los excluidos, puedan encausar sus legítimos intereses para liberar a la sociedad en su conjunto.

jueves, 22 de noviembre de 2012


FESTIVAL EN EL PUERTO
 
PARA QUE TERMINE LA SUPER EXPLOTACIoN DEL RECURSO Y LOS TRABAJADORES
 
En homenaje a Luis Diffel, al cumplir 50 años de filetero
 
 
SABADO 24 DE NOVIEMBRE,
DESDE LAS 13 HS
PLAZA ITALIA
(12 DE OCTUBRE Y DON ORIONE)
 
 
Bandas de Rock y Folklore en vivo
 
 
Por trabajo digno
Contra la precarización laboral y el trabajo en negro
Contra las cooperativas truchas
Jubilación digna para todos los obreros, en edad de ese beneficio
Todo el pescado a tierra
En defensa del recurso pesquero
 
 
ORGANIZA Y CONVOCA: COORDINADORA DE TRABAJADORES DE BASE
 
 
En caso de lluvia el festival se realizará el sábado 1/12 

domingo, 30 de septiembre de 2012

Sobre la reforma de la Ley de Accidentes del Trabajo


    El gobierno peronista impulsa en el Congreso una reforma a la Ley de Accidentes de Trabajo (nº 24.557) vigente desde 1995. Debe recordarse que esa norma fue sancionada en pleno avance de la burguesía sobre los derechos de los trabajadores en Argentina. La ley en cuestión creó un fenomenal negocio para las compañías de seguros, mayoritariamente d
e capital transnacional. Al comenzar la aplicación de la ley 24.557 fueron 44 las aseguradoras que se disputaron el mercado. Sin embargo, rápidamente se produjo un proceso de centralización del capital habiéndose reducido a 28 en 2001 y a 22 actualmente. De ellas Consolidar (del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentina) y Provincia (del Banco de la Provincia de Buenos Aires en asociación con capitales estadounidenses) recaudan casi el 25% de las cuotas; y si les sumamos a las siete siguientes en importancia (Asociart, Liberty, Prevención, La Caja, La Segunda, HIH Interamericana y Mapfre), acaparan el 88% del total del negocio. 
    En los últimos años hubo tibios intentos de recuperar parte de las conquistas perdidas a través de fallos judiciales que impugnaron los aspectos más escandalosos del negocio.
Podría pensarse que la reforma indicada vendría a convalidar las resoluciones judiciales pero en realidad, se trata del intento de introducir una de las medidas más antiobreras del gobierno "nacional y popular con inclusión social". 
    La reforma proyectada crea una opción excluyente para el trabajador. Este puede aceptar la indemnización tarifada que le ofrece la ART o, en caso contrario si pretende alcanzar una reparación integral del infortunio, debe iniciar un juicio en la justicia civil. Es decir que un reclamo que tiene su origen en una relación laboral, será dirimido en un ámbito donde los jueces resuelven intereses privados y en el que, por lo tanto, no rigen los principios bonapartistas del derecho (burgués) del trabajo. Asimismo, los litigios en jurisdicción civil no cuentan con el beneficio de pobreza que automáticamente se confiere a los asalariados para demandar a sus patrones en el fuero laboral. Además, los juicios en tal instancia suelen prolongarse en el tiempo mucho más que los laborales.
El principio de progresividad y la correlativa prohibición de regreso, en consonancia con los principios de indemnidad, de irrenunciabilidad y no discriminación, tornan jurídicamente inviable en la actualidad el establecimiento de un sistema legal de opción excluyente con renuncia. La opción excluyente, en la medida que procura garantizar la inmunidad del empleador antes que la indemnidad del trabajador, incurre en una “preferencia legal inválida”, contraria al art. 14 bis de la Constitución Nacional.
    La historia de las regulaciones de las leyes de accidentes laborales demuestra que cada vez que se invoca la reducción de costos o la supuesta “industria del juicio”, en realidad se termina trasladando los costes de los infortunios laborales desde el sector empresario al sector trabajador. La realidad indica que la llamada industria del juicio es una mera ficción, que desvía el eje de la responsabilidad patronal sobre la falta de prevención, y encubre la intención de precarizar la salud de los trabajadores con el objetivo último de aumentar la rentabilidad empresaria.
   A título ejemplificativo, en la provincia de Buenos Aires, con una cantidad de 15.620.084 habitantes, se registra una cantidad de 226.281 siniestros denunciados a la SRT (solo trabajo formal), a lo cual cabe sumar la cantidad estimada de siniestros con un 35% de trabajo informal, que arroja la cifra de 305.479. De ellos, la cantidad de juicios laborales iniciados según estadísticas de la SCBA del año 2010 es de 57307, con lo cual la proporción estimada de acciones por infortunios laborales asciende a un porcentaje de 17,25 % del total ingresadas, es decir, solo un 3,2% del total de los siniestros ocurridos. Ese escaso 3,2% de infortunios que llegan a juicio se distribuye así: un 80% aprox. son acciones sistémicas (un 2,55 % del total de siniestros); y un 20% aprox. son acciones por reparación integral (lo que representa 0,63 % del total de siniestros). 
    Por todo ello, la reforma en cuestión sólo representa la decisión gubernamental de garantizar la tasa de beneficio del negocio de los accidentes de trabajo, resultando paradójicamente beneficiarios de la misma, grupos económicos concentrados y extranjeros. 
   Resulta llamativo que ni la CGT ni los principales sindicatos hayan rechazado tal iniciativa. Sin embargo, la reforma introduce al negocio a las organizaciones sindicales convirtiéndolas en socias menores del capital monopólico dado que les permite crear asociaciones conjuntas. 
    Una vez más queda palmariamente demostrado el carácter de clase del Estado argentino y el rol de furgón de cola de la burocracia sindical, la que además de colaborar en el control social, no duda en traicionar a sus representados siempre que exista una comisión conveniente para ello.
    Los accidentes de trabajo son inherentes a la explotación capitalista por lo que seguirán su curso hasta que se instaure una sociedad organizada dirigida a satisfacer las necesidades de la misma y no la tasa de ganancia del capital. Mientras tanto, en cada lugar de trabajo son los propios trabajadores y los delegados consecuentes quienes deben controlar y exigir el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene enfrentando por igual a la patronal y a la burocracia sindical.

miércoles, 11 de julio de 2012

Que la crisis la paguen los capitalistas del puerto de Mar del Plata


El puerto de Mar del Plata lleva más de 30 días paralizado por un reclamo salarial que están llevando adelante los pescadores agremiados al SIMAPE, cuyo secretario general es el peronista Juan Domingo Novero quien responde al gobernador Scioli.
En el marco de las disputas por arriba al interior de la burocracia sindical, el SOMU, conducido por el cristinista Omar  “Caballo” Suárez, había firmado un aumento salarial del 22% en dos veces, dejando afuera del acuerdo al SIMAPE, con el que se disputa la representación de los pescadores, que reclamaba un 30% de aumento. Luego de más de 45 días de conflicto, el SIMAPE, en acuerdo con las empresas y Pulti, pretenden firmar un acuerdo similar al del SOMU, pero vienen siendo marginados por el Vicegobernador Mariotto y el Ministro de Agricultura y Pesca de la Nación Norberto Yaguar.
Estas disputas interburocráticas nada tienen que ver con la realidad que sufren los trabajadores del Puerto que, mientras los empresarios hablan de “crisis” y se guardan el pescado, están siendo atacados con suspensiones, despidos y pagos desdoblados de los salarios. Además, los empresarios empresarios alargan toda solución, mientras piden la ilegalidad de la medida de fuerza y mano dura contra los huelguistas del Simape.
Acusan a las huelgas de extorsivas, pero son ellos, los empresarios, los extorsionadores que ponen como condición el pago de los aumentos en cuotas para desvalorizar los salarios con el 30% de inflación anual.
Son los patrones los que lucran con el cepo y techo a las paritarias, mientras negrean las condiciones de trabajo y evaden el pago de las jubilaciones.
Mientras la CGT regional realizó una movilización simbólica el viernes 22 de junio, es necesario unir por abajo los reclamos de todos los trabajadores del puerto, en una coordinadora del sector exigiendo el siguiente programa de mínima:
1) Reapertura de las paritarias con paritarios electos en asambleas;
2) Salario igual a la canasta familiar, con indexación mensual conforme el aumento del índice de precios al consumidor;
3) Fin del trabajo en negro en las cooperativas truchas y  blanqueo bajo el convenio 161 de 1975.
4) Reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores sin afectar el salario.
5) Pago de la garantía horaria.
6) Subsidio de emergencia para todos los trabajadores de la pesca y de la industria del pescado de $ 2000,00.
¡Que la crisis la paguen los capitalistas del Puerto de Mar del Plata!
                                                                                                           Capitanes de Pesca Autoconvocados

jueves, 14 de junio de 2012

ACERCA DE LA CRISIS CAPITALISTA EN ARGENTINA


En Argentina avanza la crisis capitalista. Por un lado, se verifica una caída de las exportaciones a Brasil, país que sufre su propio descenso de la actividad económica y ha devaluado su moneda para hacer más competitiva su industria. Por el otro, el gobierno mantiene en pie una suerte de corralito cambiario dirigido a hacerse de los dólares que necesita para pagar los servicios de la deuda externa y la importación de energía. Lo cierto es que la desaparición del mercado oficial de cambios ha provocado que el único precio del dólar estadounidense en nuestro país sea de $ 6,00 lo que ha contribuido a acelerar el proceso inflacionario que registra ya 5 años de vigencia. En la carestía de la vida también están involucradas las cadenas formadoras de precios, de capital transnacional, que además de fijar de manera unilateral los precios, los aumentan periódicamente. Pero además los monopolios giran las utilidades a sus casas matrices a fines de insuflarles oxígeno, resultando los principales responsables de la declamada, pero no precisada, fuga de divisas. Esto demuestra que las ganancias del gran capital no son reinvertidas para ampliar la matriz productiva.
En el aludido marco la burguesía pretende descargar la crisis sobre el salario y las condiciones de trabajo de los asalariados. En ese sentido avanzan las suspensiones como en el caso de Reanult (en Córdoba) donde se vieron afectados 2000 trabajadores; por otro lado recorta las horas suplementarias mientras empieza a registrarse un cuadro de despidos por goteo. El gobierno peronista aprovecha cualquier aparición pública para mostrar las consecuencias de la crisis en Europa y así bajar las expectativas de los trabajadores y moderar sus reclamos. Al mismo tiempo no deja de demonizar las acciones de lucha, en particular, los piquetes y la huelga.
El gobierno de Entre Ríos viene pagando los sueldos desdoblados, el de Santa Cruz dice que no tiene fondos para pagarlos y Scioli amenaza con desdoblar el pago a estatales y docentes mientras afirma que no puede pagar el aguinaldo.
Los trabajadores privados registrados han alcanzado acuerdos salariales que promedian un 23% de aumento, en la mayor parte de los casos, de pago por etapas y muy por debajo de la inflación proyectada. Asimismo, a partir de $ 5200,00 no se abonan las asignaciones familiares y 1.800.000 trabajadores pagan el impuesto a las ganancias. Por su parte los trabajadores tercerizados o en negro perciben un salario equivalente a un tercio de los registrados.
La burocracia sindical sigue su interna. Mientras unos arman una CGT subordinada a Cristina, otros encabezados por Moyano, se enfrentan al gobierno (y buscan algún otro político patronal para apoyar), pero no pasan de los discursos donde hablan “de los derechos de los trabajadores”, pero sin hacer ninguna acción contundente, ninguna medida seria para defender esos derechos y en primer lugar el salario. Por su parte, la CTA de Micheli convoca a un paro con movilización para este viernes 8 de Junio que no preparó seriamente, mientras coquetea con la oposición patronal del “socialista” sojero Binner. Pero su gobernador en Santa Fe, Bonfatti, se dispone a descontar al día a los docentes que van al paro.
En realidad el interés del grueso de la burocracia sindical es mantener sus infames privilegios bajo el ala de algún proyecto político patronal.
Debemos exigir la reapertura de todas las paritarias, que se discuta libremente, sin ningún techo y que los acuerdos que se efectivicen incluyan una cláusula de indexación inmediata de acuerdo a la inflación real. El punto de partida debe ser un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar ($6.000). Hay que reclamar que no haya ningún tope para recibir las asignaciones familiares, que se les paguen a todos los trabajadores. Eliminar el impuesto a las ganancias de la 4º categoría, es decir, el aplicado al salario obrero.
Para fortalecernos en esta pelea hay que terminar con las divisiones entre efectivos, contratados y precarios, luchando por el pase a planta de los contratados y por acabar con el trabajo en negro.
Mientras el gobierno quiere hacerse de caja y dólares para pagar deuda, las patronales agrarias no quieren entregar ni la miseria de impuestos que les cobran. Y sin embargo, todos exigen a los trabajadores que sean “moderados”. La crisis del modelo la deben pagar los que fueron altamente beneficiados durante estos años de crecimiento: las grandes empresas, la patronal sojera, los bancos y toda la clase capitalista.