En Argentina avanza la
crisis capitalista. Por un lado, se verifica una caída de las
exportaciones a Brasil, país que sufre su propio descenso de la
actividad económica y ha devaluado su moneda para hacer más competitiva
su industria. Por el otro, el gobierno mantiene en pie una suerte de
corralito cambiario dirigido a hacerse de los dólares que necesita para
pagar los servicios de la deuda externa y la importación de energía. Lo
cierto es que la desaparición del mercado oficial de cambios ha
provocado que el único precio del dólar estadounidense en nuestro país
sea de $ 6,00 lo que ha contribuido a acelerar el proceso inflacionario
que registra ya 5 años de vigencia. En la carestía de la vida también
están involucradas las cadenas formadoras de precios, de capital
transnacional, que además de fijar de manera unilateral los precios, los
aumentan periódicamente. Pero además los monopolios giran las
utilidades a sus casas matrices a fines de insuflarles oxígeno,
resultando los principales responsables de la declamada, pero no
precisada, fuga de divisas. Esto demuestra que las ganancias del gran
capital no son reinvertidas para ampliar la matriz productiva.
En el
aludido marco la burguesía pretende descargar la crisis sobre el
salario y las condiciones de trabajo de los asalariados. En ese sentido
avanzan las suspensiones como en el caso de Reanult (en Córdoba) donde
se vieron afectados 2000 trabajadores; por otro lado recorta las horas
suplementarias mientras empieza a registrarse un cuadro de despidos por
goteo. El gobierno peronista aprovecha cualquier aparición pública para
mostrar las consecuencias de la crisis en Europa y así bajar las
expectativas de los trabajadores y moderar sus reclamos. Al mismo tiempo
no deja de demonizar las acciones de lucha, en particular, los piquetes
y la huelga.
El gobierno de Entre Ríos viene pagando los sueldos
desdoblados, el de Santa Cruz dice que no tiene fondos para pagarlos y
Scioli amenaza con desdoblar el pago a estatales y docentes mientras
afirma que no puede pagar el aguinaldo.
Los trabajadores privados
registrados han alcanzado acuerdos salariales que promedian un 23% de
aumento, en la mayor parte de los casos, de pago por etapas y muy por
debajo de la inflación proyectada. Asimismo, a partir de $ 5200,00 no se
abonan las asignaciones familiares y 1.800.000 trabajadores pagan el
impuesto a las ganancias. Por su parte los trabajadores tercerizados o
en negro perciben un salario equivalente a un tercio de los registrados.
La
burocracia sindical sigue su interna. Mientras unos arman una CGT
subordinada a Cristina, otros encabezados por Moyano, se enfrentan al
gobierno (y buscan algún otro político patronal para apoyar), pero no
pasan de los discursos donde hablan “de los derechos de los
trabajadores”, pero sin hacer ninguna acción contundente, ninguna medida
seria para defender esos derechos y en primer lugar el salario. Por su
parte, la CTA de Micheli convoca a un paro con movilización para este
viernes 8 de Junio que no preparó seriamente, mientras coquetea con la
oposición patronal del “socialista” sojero Binner. Pero su gobernador en
Santa Fe, Bonfatti, se dispone a descontar al día a los docentes que
van al paro.
En realidad el interés del grueso de la burocracia
sindical es mantener sus infames privilegios bajo el ala de algún
proyecto político patronal.
Debemos exigir la reapertura de todas las
paritarias, que se discuta libremente, sin ningún techo y que los
acuerdos que se efectivicen incluyan una cláusula de indexación
inmediata de acuerdo a la inflación real. El punto de partida debe ser
un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar ($6.000).
Hay que reclamar que no haya ningún tope para recibir las asignaciones
familiares, que se les paguen a todos los trabajadores. Eliminar el
impuesto a las ganancias de la 4º categoría, es decir, el aplicado al
salario obrero.
Para fortalecernos en esta pelea hay que terminar
con las divisiones entre efectivos, contratados y precarios, luchando
por el pase a planta de los contratados y por acabar con el trabajo en
negro.
Mientras el gobierno quiere hacerse de caja y dólares para
pagar deuda, las patronales agrarias no quieren entregar ni la miseria
de impuestos que les cobran. Y sin embargo, todos exigen a los
trabajadores que sean “moderados”. La crisis del modelo la deben pagar
los que fueron altamente beneficiados durante estos años de crecimiento:
las grandes empresas, la patronal sojera, los bancos y toda la clase
capitalista.
