Subyace
en el aludido giro las dificultades de caja que el modelo económico
"con inclusión social" viene soportando en los últimos meses. En ese
sentido debe recordarse que según la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME), durante el mes de marzo de 2012 se produjo una
caída en las ventas minoristas del 20% respecto al mes de marzo de 2011.
Paralelamente, medidos los referidos períodos, se produjo una caída en
la venta de autos del 4% en el mercado interno y del 25,5% a Brasil;
respecto a este país, toda la industria está sufriendo el parate de esa
economía que creció en 2011 sólo el 0,3% en relación a 2010. Asimismo,
la actividad de la construcción registró en febrero de 2012 su primera
caída luego de 27 meses consecutivos de crecimiento.
Es por eso que
importantes sectores industriales como el textil y el metalúrgico están
aplicando de manera creciente suspensiones y despidos.
Con relación a
las cuentas públicas acumulan en los primeros tres meses de 2012 un
déficit de $ 5112 millones, muy por encima del déficit trimestral de
2011 que había sido de $ 348 millones. Así, en la comparación
interanual, el deterioro fiscal aumentó en $ 4764 millones. El rubro más
importante que explica el déficit es el pago de los intereses de la
deuda externa que en el aludido trimestre sumaron $ 7282 millones.
En ese marco la expropiación parcial de YPF resuelta por el
Gobierno es una medida dispuesta en un cuadro de desaceleración de la
actividad económica y creciente déficit fiscal. La huelga de inversiones
de la empresa, consentida tanto por el gobierno nacional como los
provinciales, obligó a importar combustibles por más de 12.000 millones
de dólares. Tal cuadro de situación obligó al Gobierno a esta
expropiación parcial, buscando con la caja de YPF financiar, al menos
parcialmente, esa cifra gigantesca.
La expropiación en cuestión no es
una nacionalización como la propia presidenta se encargó de explicitar.
La firma sigue siendo una sociedad anónima y sólo se quita la concesión
a Repsol para ofrecer en licitaciones los pozos para ser explotados por
otras empresas transnacionales. En ese contexto el gobierno ya ha
mantenido reuniones con la Exxon y la Chevron, entre otros monopolios
del petróleo, lo que explica la prácticamente nula condena del
imperialismo norteamericano a la medida del gobierno.
Que la medida
gubernamental no es consecuentemente antiimperialista lo demuestra el
hecho de que el proyecto del Gobierno no afecta al resto de los
monopolios petroleros instalados en el país. La expropiación onerosa se
limita al 51% de las acciones que poseía Repsol en YPF, una empresa que
maneja sólo el 34% del negocio petrolero.
Hay que prepararse para
esta nueva etapa ante la dinámica de la crisis del capitalismo y las
consecuencias del giro cristinista, fortaleciendo las posiciones
clasistas en el movimiento obrero, promoviendo nuevos delegados de base
al frente de las comisiones internas contra la burocracia sindical y
organizando políticamente a la clase obrera y los sectores populares.
Desde
un punto vista estratégico sólo el socialismo pondrá los medios de
producción en manos de los trabajadores quienes los gestionarán y
controlarán en función de un plan que atienda las necesidades de la
sociedad.
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