Acerca del "congelamiento de precios"

    El congelamiento de precios logrado por un acuerdo entre el gobierno y los supermercados, al que luego adhirieron las cadenas de comercialización de electrodomésticos y productos electrónicos, constituye el reconocimiento del gobierno del proceso inflacionario en curso.

    La escalada de precios afecta el poder adquisitivo de la moneda, perjudicando a los sectores de ingresos fijos, entre ellos, aquellos que se encuentran en las escalas más bajas. Por un lado afecta a la gran masa de jubilados, dado que  considerando los 6 millones de pasivos del sistema nacional, 2/3 de ellos perciben la mínima, menos del 50% de la canasta necesaria para una vida digna. Ni hablar del 35% de trabajadores no regularizados, que en promedio perciben un salario 40% menor al de los obreros registrados. Estos suman, al problema de la capacidad de consumo deteriorada por esos bajos salarios, la ausencia de seguridad social y laboral. Pero también golpea el proceso inflacionario a los trabajadores regularizados, ya que las patronales y el gobierno apuntan a concretar ajustes salariales en torno al 20% en el proceso de paritarias en curso.

    Mientras los precios aumentan cotidianamente, la actualización salarial, si existe, procede al momento del acuerdo paritario para ir deteriorándose con el tiempo. Los ajustes de salarios en las convenciones colectivas son apenas un correctivo de lo perdido en el período anterior y ante la inflación diaria el deterioro de la capacidad de compra del salario es una constante, por eso se intentan estos congelamientos, que abarcan una parte de la canasta de consumo habitual de la población.

    Se reitera, la inflación afecta a quienes perciben ingresos fijos, es decir, a la mayoría de la población. Ello implica, que una minoría no es afectada por la aceleración de los precios. Esa población vive de rentas o de ganancias, derivados de emprendimientos o inversiones, en el área de la producción, los servicios, las finanzas, o la especulación. Con lo cual, la mayoría de la población, casi el 70% de la misma, no tiene defensa ante la inflación, salvo la administración de la penuria o la escasez en función de sus ingresos. En cambio, la minoría enriquecida no define su gasto en función del alza de los precios. No se frena el gasto tradicional, ni el suntuario, de casi un tercio de la población. 

    Entonces, no todos pierden con la inflación, al contrario, la inflación es un mecanismo redistributivo del ingreso y la riqueza socialmente creada. Es un mecanismo de poder.

    Ahora bien, ¿Los acuerdos de congelamiento sirven? Sólo por el tiempo de vigencia del acuerdo, siendo una gran incógnita el día después, salvo nuevos y seguidos acuerdos, que como expresa el “congelamiento”, suspenden la discusión por el tema de fondo, que es el alza de precios como mecanismo de defensa de la ganancia empresaria.

    Para resolver el tema de la inflación se necesita confrontar con el poder, con los fijadores de precios. Es una decisión política que va más allá de cualquier acuerdo de precios. Para tener éxito en el control de los precios y la inflación se requiere la participación popular consciente, especialmente de los trabajadores sobre el sector con capacidad de elevar los precios en el mercado, en general, los sectores económicos de mayor concentración del capital. Ese protagonismo social es parte de la tarea de constituir un sujeto popular muy amplio que intervenga en el control de precios donde éstos se forman. Ello supone capacidad de los trabajadores para intervenir en el establecimiento de los costos y los precios, lo que implica acceso a los registros contables y a los mecanismos de la producción, el financiamiento y la comercialización de los bienes y servicios. Es algo que seguramente no aceptará el sector empresario, acostumbrado como viene a una lógica de impunidad ante el debilitamiento sindical y político de los trabajadores.

    Esto que proponemos nunca se aplicó en la Argentina, siempre se confió en acuerdos de cúpulas empresarias y gobiernos, o buena voluntad de los propietarios de empresas. En la práctica, la supervisión de esos acuerdos queda en manos de los propios actores o de una debilitada burocracia estatal, con escasa o nula capacidad para hacer efectiva la medida.

    La inflación expresa una relación social de poder y solo puede resolverse enfrentando el poder de aquellos que tienen la capacidad de incrementar los precios.  En definitiva, el problema está en el modelo productivo y de distribución, que favorece a las clases dominantes en la apropiación del producto social del trabajo, y uno de los mecanismos de esa apropiación es la inflación. La inflación, o su contrario, la deflación, son mecanismos del poder que utilizan las clases dominantes para defender la rentabilidad del capital.

    El problema es quién tiene el poder, y si los trabajadores y el pueblo, la mayoría de la población, pueden intervenir en frenar el alza de precios y revertir la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la Argentina.