24 DE MARZO DE 1976: DICTADURA ABIERTA DEL GRAN CAPITAL

El 24 de marzo se cumple el trigésimo primero aniversario de la irrupción de la dictadura abierta del Gran Capital en la Argentina.
A partir del 24 de marzo de 1976, La Junta Militar se propuso, como uno de sus principales objetivos, liquidar definitivamente el proceso revolucionario que venían construyendo las masas populares desde el Cordobazo, en mayo de 1969. Una de las características principales de este proceso fue la alta organización de la clase trabajadora.
Para que el gobierno Cívico – Militar cumpliera con su objetivo, era necesario profundizar la línea económica que se venía implementando, y para esto era fundamental exterminar las diferentes organizaciones populares. El plan económico era claro: estimular la concentración y la centralización del capital en manos de los monopolios extranjeros asociados a la gran burguesía local y crear condiciones que permitiesen un incremento en la explotación de la clase obrera y en la proletarización de la pequeña burguesía. El primero de estos aspectos implicaba la transferencia a manos de los grupos monopolistas de los capitales de menor envergadura, profundizando la liquidación de la burguesía nacional vinculada al mercado interno.
En este marco se inició un proceso de desindustrialización. Se sustituyeron las mercancías de elaboración nacional por artículos similares importados, afectando principalmente a las ramas vinculadas al capital nacional.
La deuda externa argentina creció brutalmente. Hacia 1975 rondaba los u$s 10.000 millones, para alcanzar, al fin de la dictadura militar, un monto que giraba alrededor de los u$s 50.000 millones. El pago de los intereses de esta deuda pesaría gravemente sobre el esfuerzo del pueblo argentino, particularmente de sus trabajadores.
En el primer año de instalación de la dictadura genocida, el salario real disminuyó un 33% respecto de 1975, tendencia que se fue profundizando a lo largo del gobierno cívico – militar.
Para poder realizar esto, la dictadura se vio obligada a accionar desde la superestructura estatal para lograr la disminución del nivel salarial, impulsando medidas de distinta naturaleza para vencer la previsible oposición de la clase obrera. Apeló al terrorismo dirigido en particular hacia los militantes populares. Sobre esta base, dispuso un conjunto de disposiciones jurídicas, que operaban tanto en el derecho colectivo del trabajo (prohibición de las huelgas, modificación de la ley sindical, congelamiento de las convenciones colectivas de trabajo, fijación de los incrementos salariales por debajo del índice inflacionario, entre otras) como en el terreno de las relaciones laborales individuales (modificación de la Ley de Contrato de Trabajo).
En el año 1983 se recuperaron las libertades democráticas burguesas, pero en lo esencial no se modifico la medula del sistema, que divide cada vez con mayor profundidad a explotadores y explotados.
A lo largo de estos años, el sistema, tanto en su variante fascista como en su variante democrática se fue profundizando. Por esto los trabajadores debemos intentar construir un espacio desde el cual, no solamente disputemos los términos en que se distribuye la riqueza, sino también, un espacio desde donde aspiremos a reconquistar para nosotros los medios de producción, no sólo para reducir la tasa de explotación, sino para abolir toda explotación.
Organización de Trabajadores Marplatenses